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El principal punto que definirán los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al revisar el caso de las posibles violaciones a los derechos humanos a pobladores de San Salvador Atenco, Estado de México, serán los límites de la fuerza pública. En el proyecto de sentencia que discutirán los integrantes del alto tribunal a partir del 9 de febrero, elaborado por José de Jesús Gudiño Pelayo, se encuentran los testimonios del gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, y del entonces secretario de Seguridad Pública federal, Eduardo Medina Mora. Las pruebas fueron recabadas desde febrero de 2007 por los magistrados de circuito Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alejandro Sergio González Bernabé, integrantes de la Comisión Investigadora, quienes presentaron a Gudiño Pelayo el informe que revela que de 207 personas detenidas sólo nueve resultaron ilesas. En la propuesta de sentencia se tomaron en cuenta los expedientes iniciados con motivo de las supuestas amenazas a 47 manifestantes, así como la denuncia de 31 mujeres por presunto abuso sexual por parte de policías los días 3 y 4 de mayo de 2006, durante los hechos violentos en esa comunidad. Por ahora los ministros se avocarán a la lectura del proyecto que se integró a partir del informe que expuso que los elementos policiacos transportaban a los detenidos en camionetas tipo pick up al tiempo que eran golpeados con toletes, puños y a puntapiés.