Barra Legal

La Presidencia de la República publicó este lunes la Ley de la Policía Federal que permitirá  realizar intervenciones telefónicas cuando se lleven a cabo evasión de presos, delitos contra la salud, corrupción de menores o "incapaces", extorsión, homicidio y secuestro donde podrán participar instituciones privadas.

De acuerdo al documento publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) esta actividad podrá realizarse por autoridades civiles por medio del Comisionado General de la Policía Federal cuando se acrediten estos ilícitos vinculados con la delincuencia organizada, además del turismo sexual, lenocinio, explotación de menores, operaciones con recursos ilícitos y asalto en carreteras.

En el documento, enviado por el Congreso de la Unión al Ejecutivo, se establece que la solicitud de autorización deberá estar fundamentada legalmente, qué tipo de comunicaciones, el periodo de intervenciones, el cual puede ser prorrogado bimestralmente, sin exceder más de seis meses.

"Después de dicho plazo, sólo podrán autorizarse nuevas intervenciones cuando el Comisionado General de la Policía Federal acredite nuevos elementos que así lo justifiquen.

"En la autorización, la autoridad judicial competente determinará las características de la intervención, sus modalidades y límites y, en su caso, ordenará a instituciones públicas o privadas, modos específicos de colaboración", indica el texto.

En el DOF se especifíca que la Policía Federal deberá rendir un informe mensual sobre la intervención, que la autoridad judicial competente pondrá a disposición del Ministerio Público y en caso de que no se detecten actividades delictivas, se ordenará la destrucción del material en presencia del Comisionado General de la Policía Federal.

• PSOE y PP han pactado incluir una enmienda al artículo 23 de la ley Orgánica del Poder Judicial, a través de un proyecto de ley que está ahora en trámite sobre la oficina judicial, para impulsar una reforma legal que limita la llamada jurisdicción universal, es decir, la capacidad de la Audiencia Nacional para intervenir en procesos fuera de España
• La reforma exige que haya conexión con España para que la Audiencia pueda actuar, por lo que se cerraría el proceso sobre los bombardeos de Gaza, mantenida por el juez Fernando Andreu en contra del criterio del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial, Carlos Dívar, y sobre el régimen chino, donde el juez Santiago Pedraz ha imputado a tres dirigentes por las muertes en Tibet
• Asimismo, todos los grupos parlamentarios han firmado una enmienda conjunta al proyecto de ley de Oficina Judicial para dar respuesta a una de las reivindicaciones de las asociaciones de jueces; el acuerdo se plasmará en siete enmiendas, entre ellas la que se refiere a la competencia sobre los señalamientos de los juicios, que estará en manos de los secretarios judiciales, pero con control de los jueces

El Ejército mexicano y la Armada de México tendrán que acatar la nueva ley que regule el uso de la fuerza a nivel federal, cuando desarrollen acciones de seguridad pública, no así en el ámbito castrense, aseguró el experto Martín Gabriel Barrón.

El especialista del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) indicó que en México no existe una ley a nivel nacional de este tipo y aunque hay entidades que cuentan con esa norma, como el Distrito Federal, el Congreso aprobó un decreto en ese sentido.

El catedrático en criminología detalló que una vez que esta norma sea publicada en el Diario Oficial de la Federación tendrá que aplicarse en todos los estados del país.

Explicó que según el derecho internacional, en las sociedades democráticas el Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza, sin embargo, para su aplicación se tomarán en cuenta criterios básicos de legalidad, racionalidad, proporcionalidad, congruencia y oportunidad.

Barrón Cruz indicó que de acuerdo con los postulados de la Organización de las Naciones Unidas, el uso de la fuerza debe realizarse con los criterios antes citados.

Especificó que por ello en la legislación aprobada a finales de abril en el Congreso de la Unión, se subraya que la proporcionalidad del uso de la fuerza es una forma de respetar los derechos humanos de las personas.

Abundó que las corporaciones policíacas, en especial los comandantes deben tener la suficiente capacidad táctica y de armamentos, y deben actuar con mucha cautela, pues de otra manera
incurrirían en responsabilidades.

El investigador del Inacipe aclaró que en el uso de la fuerza,  debe analizarse cómo puede repelerse una agresión de un tercero, medir las condiciones, cuál es la mejor técnica a utilizar, y si la población no tiene armas se deberán usar armas incapacitantes y no una fuerza letal.

La Comisión de Equidad de Género del Congreso del Estado, que preside la diputada priista y candidata a regidora por Guadalajara, Gloria Judith Rojas Maldonado, sesionó ayer y aprobó el dictamen que deroga el artículo 182 del Código Penal de Jalisco, para que el adulterio deje de ser delito en este ordenamiento, de acuerdo con la iniciativa presentada por el legislador Carlos Manuel Orozco Santillán, actualmente con licencia, pues es candidato a alcalde de la capital del Estado, por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Los diputados integrantes de esta comisión parlamentaria aprobaron la argumentación que sostiene como razón principal para esta reforma, que dicho artículo sanciona un delito que es ya inoperante, debido a que las circunstancias de modo, tiempo y lugar son difíciles de acreditar.

“Además de que este delito está legislado con una visión moral, que tiene que ver más con aspectos de la vida en pareja, como la fidelidad”, anotó la diputada Gloria Rojas.

El dictamen señala que el adulterio ya se sanciona en otro cuerpo legal, el Código Civil, específicamente en el artículo 404, como causal de divorcio.

Otro motivo para tomar esta decisión, es que según datos del Instituto de Estadística Geografía e Informática (INEGI) en el período de 2004 al 2006 no se han presentado denuncias al respecto en ninguno de los 11 estados de la República en los que aún se encuentra vigente este delito.

Tras aprobarse la derogación en un dictamen de la comisión, todavía deberá someterse al procedimiento de aprobación en el pleno, antes de que el Poder Ejecutivo cumpla con la modificación.

A partir del próximo 1 de julio cualquier peruano podrá arrestar él
mismo a un delincuente, siempre que lo encuentre en flagrante delito y
que lo ponga de inmediato a disposición de la policía, según una norma
aprobada hoy por el Congreso de Perú.

La medida, conocida como
"arresto ciudadano" , modifica el artículo 260 del Código Procesal
Penal y, aunque debía entrar en vigor recién a partir de 2013, el
Congreso decidió adelantar su implantación ante los resultados
reportados tras su aplicación experimental en algunas regiones del país.

El
carácter de flagrante delito es definido así por la nueva norma:
"Cuando el hecho punible es actual, y el autor es descubierto,
perseguido y capturado inmediatamente" .

La única condición es
que los ciudadanos deberán proceder a la entrega inmediata del
arrestado, así como del cuerpo del delito, a la policía.

"Se
entiende por entrega inmediata el tiempo que demanda dirigirse a la
dependencia policial más cercana (...), en ningún caso el arresto
autoriza a encerrar o mantener privada de su libertad en un lugar
público o privado, hasta su entrega a la autoridad policial" , precisa
el artículo.

La medida, que según el presidente de la Comisión
de Justicia del Congreso, Juan Carlos Eguren, ha arrojado importantes
logros en las regiones donde ya se aplicó (hasta la fecha han sido
registrados 700 arrestos ciudadanos) , también ha recibido críticas
desde distintos frentes.

El especialista del Instituto para la
Seguridad Ciudadana, Gabriel Pardo, señaló a El Comercio que esta
medida puede volverse contra los propios ciudadanos, que pueden salir
heridos en su intento de detener al delincuente.

"También es
importante decir que esto puede usarse a favor de los delincuentes,
porque si un ciudadano lo retiene por más tiempo o le causa alguna
lesión, puede ser denunciado por secuestro o por atentar contra la
integridad física" , agregó Pardo.

El Senado de la República aprobó reformas para perseguir de oficio el delito de venta de objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por la ley.   

El órgano legislativo señaló que México registra índices muy altos del delito de "piratería" a pesar de la lucha frontal para combatirlo a través del decomiso constante de grandes cantidades de mercancía apócrifa.  

"La acción del delincuente entraña una violación más grave de derechos de autor, de la propiedad intelectual de la obra, de la seguridad jurídica del autor con relación a ésta y del progreso cultural y económico de la nación", subrayó.   

Esta situación basta por sí sola para justificar la acción persecutora de oficio del Estado, indicó la Cámara alta en el dictamen aprobado, que reforma los artículos 429 del Código Penal Federal y 223 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial.   
Indicó que el ilícito debe perseguirse de oficio pues implica la consumación de conductas que no sólo perjudican a los titulares de los derechos que violentan, sino que por su gravedad y constante evolución afectan los intereses de la sociedad y del Estado.   

Además perjudica a los creadores de obras y productos intelectuales, a los artistas, músicos, editores de música, distribuidores y vendedores legalmente establecidos, así como a empresas que invierten en el desarrollo de marcas, advirtió.    

Las reformas a la Ley de la Propiedad Industrial y al Código Penal Federal fueron envidas a la Cámara de Diputados.

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma que sanciona hasta con 18 años de cárcel a los pederastas que actúen al seno de organizaciones religiosas, guarderías, orfanatos, escuelas o en cualquier otro ámbito. 

En el marco de la sesión en San Lázaro se aprobó, con 294 votos a favor, la reforma que tipifica por primera vez en México el delito de pederastia, y se reforman diversas leyes para prevenir el abuso infantil en colegios, iglesias, centros laborales y en la familia. 

La reforma plantea aplicar de nueve a 18 años de prisión, y de 750 a dos mil 250 días de salario de multa, a quien se aproveche de la confianza, subordinación o superioridad que tiene sobre un menor de edad, y lo obligue a ejecutar cualquier acto sexual. 

El documento avalado en reunión de trabajo prevé que cuando el delito fuere cometido por un servidor público o un profesionista en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, además de la pena de prisión señalada será inhabilitado, destituido o suspendido de su empleo público o profesión por un término igual a la pena impuesta.  

La reforma que fue turnada al Senado destaca que las personas que cometan el ilícito perderán los derechos civiles que tienen con la víctima. 

Explica que será sancionada la persona que derivada de su parentesco en cualquier grado, tutela, curatela, guarda o custodia, relación docente, religiosa, laboral, médica, cultural, doméstica o de cualquier índole, ejecute, obligue, induzca o convenza a ejecutar cualquier acto sexual, con o sin el consentimiento del menor.   
Para armonizar se reforman diversas disposiciones de las leyes que se relacionan con el trato y convivencia de niñas, niños y adolescentes, con la intención de proteger integralmente, como el Código Penal Federal, el de Procedimientos Penales. 

El Senado de la República aprobó la nueva Ley General de Turismo, la cual establece el marco jurídico para impulsar la inversión, la captación de divisas, la generación de empleos y el desarrollo regional, además de promover la sustentabilidad y competitividad que requiere el sector.

La reforma proveniente de la Cámara de Diputados fue aprobada por 73 votos a favor y 23 en contra.

En la Ley se prevé la creación de las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable, que son aquellas fracciones del territorio nacional, claramente ubicadas y delimitadas geográficamente, que, por sus características naturales o culturales, constituyen un atractivo turístico.

La nueva Ley General de Turismo establecerá además las bases de coordinación al distribuir obligaciones y facultades de los tres órdenes de gobierno en materia de turismo, bajo los principios de legalidad, sustentabilidad y competitividad.

El presidente de la comisión de Turismo, Luis Alberto Coppola Joffroy, del PAN, destacó los beneficios de esta nueva legislación, y sostuvo que cumple con uno de los compromisos del Foro "México ante la crisis: ¿qué hacer para crecer?", organizado por el Congreso de la Unión.

El senador Ricardo García Cervantes, del PAN, consideró por separado que se trata de "una buena ley, es un esfuerzo de casi dos años de trabajo entre diputados y senadores y es una conclusión de consenso porque recoge la visión de todos los grupos parlamentarios".

Dijo que la Ley General de Turismo, además de impulsar el desarrollo de la industria turística en México no prevé estar por encima de otras leyes, como la Ley General de Equilibrio Ecológico, la de Asentamientos Humanos y otros ordenamientos legales aplicables, sino que se supedita a ellas.

La minuta de Ley de Extinción de Dominio que aprobó el Senado tendrá modificaciones importantes en San Lázaro para evitar que los delincuentes puedan recuperar mediante vacíos legales o amparos los bienes obtenidos por medios ilícitos.  

La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados modificó la minuta senatorial en donde destacan "candados" para evitar que los abogados de narcotraficantes, secuestradores y otros delincuentes puedan recuperar bienes como terrenos, casas, ranchos y vehículos con argucias legales.  

En la reunión de la instancia citada acordaron que la redacción final y aprobación del dictamen se realizará en las primeras horas del jueves, para ser presentadas de inmediato al pleno de San Lázaro, confirmó el presidente de dicha comisión, César Camacho Quiroz.  

En un receso, el legislador del PRI comentó que la minuta tiene algunas omisiones en materia de semántica legal, las cuales serán subsanadas para evitar que sean usadas por abogados de delincuentes para incumplir la Ley de Extinción de Dominio.  

Puso como ejemplo los cambios que se realizarán por parte de los diputados: el sustituir la figura jurídica de "cuerpo del delito", por el de "hecho ilícito".  

Argumentó que no siempre se puede acreditar, para comprobar el cuerpo del delito, el hecho subjetivo de que el autor de un delito tuvo la intención y la conciencia de cometerlo.  

Camacho Quiroz agregó que se eliminó de la minuta avalada por el Senado la obligación del gobierno de pagar una indemnización a los poseedores de un bien objeto de extinción de dominio, cuando un juez determine devolverlos porque no existen elementos para configurar el delito.  

Lo anterior, dijo,  porque ya es suficiente la obligación de cubrir el pago de un perjuicio por el daño que se hubiera causado a su propietario.  

Coordinadores parlamentarios en el Senado acordaron no aprobar la reforma de Amparo Fiscal en este periodo ordinario que termina el 30 de abril, pues en su lugar apuestan a una reforma más amplia a la Ley de Amparo.

En conferencia de prensa, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Manlio Fabio Beltrones, también coordinador del PRI, informó que llegaron a un acuerdo para una reforma total a la Ley de Amparo vigente que ya está "rezagada".

Explicó que para ello buscarán tener la opinión del Poder Judicial, así como del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y otros especialistas.

Dijo en conferencia de prensa que optaron por no seguir con una ley "parchada" y en cambio tranformar la Ley de Amparo con el fin de ponernos en sintonía con otras naciones, y hacerla acorde a los nuevos tiempos y necesidades.

De esa forma, la minuta que recientemente envió la Cámara de Diputados será desechada en pos de un cambio de fondo.

El presidente del Senado, Gustavo Madero, coordinador del PAN, confirmó que buscarán un cambio estructural.