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Quince Congresos estatales tienen leyes anti aborto y mujeres que interrumpieron su embarazo están en la cárcel. ONG acusa a la Iglesia católica de imponer su moral y de reducir el papel femenino a funciones meramente reproductivas.
Alejandra todavía no aparece. Es la segunda vez que la sección KIOSKO de EL UNIVERSAL viaja a Puebla para tratar de hablar con ella. Frente a su casa, de pronto, su madre abre la puerta. Juana Sánchez Rojas tiene un fuerte golpe en la frente y el ojo. Ante la cámara fotográfica, simplemente se oculta.

Marco Antonio Moreno, integrante de la Red Nacional de Abogadas y Abogados por la Defensa de la Reproducción Elegida (RADAR 4°), presente en el lugar esa mañana, asegura que aquí, en esta casa de la colonia Xonaca se vive violencia intrafamiliar. Dicen los activistas que cuando el padre de Alejandra se enteró del aborto de su hija casi la mata a golpes.

Juana, tras la puerta entrecerrada, comenta que tiene prohibido hablar; que su esposo tuvo una fuerte discusión con su hija y que desde entonces no la ve... y es que Alejandra tenía 14 semanas de embarazo cuando decidió abortar, tomó pastillas, tuvo una hemorragia por lo que acudió a la Cruz Roja de Puebla, entidad donde el aborto está prohibido, salvo los casos que prevé la ley.

Por lo anterior, se dio aviso a las autoridades para hacer el levantamiento del cadáver o feto y se inició la averiguación previa AP61/2009/ AEH, “para determinar su situación legal debido a que de acuerdo a la ley local, cometió un homicidio por provocarse un aborto y deberá responder ante las autoridades por sus actos”, cita el documento.

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma que sanciona hasta con 18 años de cárcel a los pederastas que actúen al seno de organizaciones religiosas, guarderías, orfanatos, escuelas o en cualquier otro ámbito. 

En el marco de la sesión en San Lázaro se aprobó, con 294 votos a favor, la reforma que tipifica por primera vez en México el delito de pederastia, y se reforman diversas leyes para prevenir el abuso infantil en colegios, iglesias, centros laborales y en la familia. 

La reforma plantea aplicar de nueve a 18 años de prisión, y de 750 a dos mil 250 días de salario de multa, a quien se aproveche de la confianza, subordinación o superioridad que tiene sobre un menor de edad, y lo obligue a ejecutar cualquier acto sexual. 

El documento avalado en reunión de trabajo prevé que cuando el delito fuere cometido por un servidor público o un profesionista en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, además de la pena de prisión señalada será inhabilitado, destituido o suspendido de su empleo público o profesión por un término igual a la pena impuesta.  

La reforma que fue turnada al Senado destaca que las personas que cometan el ilícito perderán los derechos civiles que tienen con la víctima. 

Explica que será sancionada la persona que derivada de su parentesco en cualquier grado, tutela, curatela, guarda o custodia, relación docente, religiosa, laboral, médica, cultural, doméstica o de cualquier índole, ejecute, obligue, induzca o convenza a ejecutar cualquier acto sexual, con o sin el consentimiento del menor.   
Para armonizar se reforman diversas disposiciones de las leyes que se relacionan con el trato y convivencia de niñas, niños y adolescentes, con la intención de proteger integralmente, como el Código Penal Federal, el de Procedimientos Penales. 

Un juez federal ha dado los primeros pasos para acelerar una decisión sobre si los sospechosos por terrorismo pueden seguir retenidos en la base naval de Guantánamo, bajo una nueva política del gobierno del presidente Barack Obama.

El juez Reggie Walton dio un plazo de 12 días a los abogados de los detenidos a fin de que presenten alegatos con razones que soliciten al juez una aceleración de los procesos para su excarcelación siguiendo la nueva norma, anunciada el mes pasado por el gobierno de Obama. Indicó que los presos en la base naval de Cuba solo pueden continuar detenidos si respaldaban a al Qaida, el Talibán u otras fuerzas relacionadas.

El presidente Barack Obama anunció que cerraría el centro de detención dentro de un año y se decidirá a qué lugar serán trasladados los 240 detenidos. Pero los jueces federales ordenaron unas excarcelaciones en meses recientes.

El Departamento de Justicia de Obama respaldó la posición del presidente George W. Bush de que el presidente tiene la autoridad de retener a los sospechosos y dictó una similar norma legal para hacerlo. Pero el gobierno de Obama indicó que ya no definiría a los detenidos como combatientes enemigos, el término que Bush usó para justificar su detención.

El actual gobierno modificó el argumento diciendo que los prisioneros sólo pueden quedar detenidos si habían dado un ``importante respaldo'' a al Qaida, el Talibán o a ``fuerzas relacionadas''.

Walton criticó al gobierno por no definir en qué consistía el ``importante respaldo'' y agregó su propia interpretación. Indicó que definirá la norma para incluir sólo a las personas que eran miembros de fuerzas armadas de organizaciones enemigas en el momento de su captura.

El portavoz del Departamento de Justicia Dean Boyd se limitó a decir que revisa la decisión, el miércoles por la noche.

La Secretaría de Gobernación (Segob) presentó a senadores una propuesta de reforma constitucional en materia de derechos humanos que plantea por vez primera en México la imprescriptibilidad del delito de genocidio.

Un caso reciente fue el del ex presidente Luis Echeverría, exonerado en marzo pasado por un tribunal federal del delito de genocidio, por la matanza del 2 de octubre de 1968, aunque desde julio de 2006 un juez federal consideró prescrito dicho delito imputado al ex mandatario.

La adición al Artículo 22 que propuso Gobernación establece que no prescriben el genocidio ni los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.

“El genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra son imprescriptibles”, dice la iniciativa a la que tuvo acceso “El Universal”.

Uno de los principales temas a debate es la supremacía de los tratados internacionales en materia de derechos humanos; es decir, si la Constitución está por encima de ellos o los tratados pueden estar por encima de ella.

“Estamos intentando conciliar las obligaciones constitucionales de México con los términos de los convenios internacionales que México ha firmado. Hay quienes piensan que la Constitución mexicana tiene que estar siempre por encima de cualquier convenio internacional y hay quienes creen que los convenios internacionales tienen que ser respetados puntualmente por México aunque vayan más allá de la Constitución del país”, sostuvo Carlos Navarrete, coordinador del PRD en el Senado.

En la redacción propuesta por Gobernación al artículo se perfila la posición del Gobierno: es la Constitución la que lleva mano.

Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, negocia con PRI, PAN y PRD en el Senado una reforma a los artículos 1, 3, 21, 33, 102 B y 103 de la Constitución, para elevar los derechos humanos a rango constitucional, lo que permitiría a una persona defenderse con base en leyes nacionales o tratados internacionales según le convenga, además de garantizar el derecho de audiencia a un extranjero antes de ser expulsado con base en el artículo 33 de la Carta Magna.

Hará obligatorio en todo el sistema educativo que la concepción de derechos humanos sea fundamental en los programas educativos del país.

Carlos Navarrete, coordinador del PRD en el Senado; Javier González Garza, líder de la bancada del PRD en San Lázaro, así como los senadores Santiago Creel Miranda (PAN), Ricardo Fidel Pacheco (PRI) y Pedro Joaquín Coldwell (PRI), establecieron esta semana una mesa de negociación con Gómez Mont para construir esta reforma al regreso de la Semana Santa y pueda ser aprobada en el Congreso en el actual periodo ordinario de sesiones.

Fuentes consultadas revelaron que Gómez Mont volvió de Ginebra, Suiza, donde México compareció el mes pasado, con la preocupación en torno a la aplicación de tratados internacionales en materia de derechos humanos y el cúmulo de observaciones realizadas desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

De inmediato, Gómez Mont se puso en contacto con senadores, porque ya existe una iniciativa de Creel Miranda al respecto, que presentó el 28 de noviembre de 2007.

“Hay intercambio de puntos de vista entre legisladores de las dos cámaras y el Gobierno, en la búsqueda de que el tema de derechos humanos no quede en un segundo plano en los compromisos del Congreso en abril. Estamos buscando los puntos de coincidencia”, explicó Navarrete. Hay “un interés especial del Gobierno”, añadió.

Con el fin de evitar los matrimonios infantiles en todo el país, la comisión de Atención a Grupos Vulnerables del Senado aprobó proponer la modificación en el Código Civil Federal de la edad mínima para contraer matrimonio a 18 años, tanto para hombres como para las mujeres.

Actualmente, la edad vigente para contraer matrimonio es de 14 años para las mujeres, mientras que para los hombres es de 16 años.

Con la medida propuesta por la comisión de Atención a Grupos Vulnerables, que preside el panista Guillermo Tamborrel, se homologa la edad mínima para que en ambos casos sea hasta la mayoría de edad.

Tamborrel informó que según estudios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la actualidad hay 60 millones de mujeres en el mundo, de entre 20 y 24 años, que se casaron o vivían en pareja antes de cumplir los 18 años de edad.

"Es decir, una de cada tres mujeres se casa siendo niña, siendo adolescente. Y en México hay 388 mil 381 niñas y niños que están casados o viven en unión libre, en muchos casos sólo para salvar la honra de la familia", dijo.

Datos de la ONU señalan que el matrimonio infantil viola los derechos humanos, independientemente de si la persona involucrada es un niño o una niña, ya que se trata de la forma más generalizada de abuso sexual y explotación de las niñas.

Por separado, la senadora Emma Larios Gaxiola, indicó que en pleno siglo 21 los padres deben ser más concientes de que a los niños y jóvenes que contraen matrimonio a temprana edad les toma más tiempo madurar y ser responsables, por lo que no se les debe permitir ni obligar a casarse antes de que hayan alcanzado una madurez plena.

El Senado de la República concluyó el dictamen de la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores, que de ser aprobado apoyaría con comedores populares y vales de alimentación a casi 27 millones de asalariados en México.

La senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), María de los Ángeles Moreno, señaló que el dictamen será puesto a consideración de los diferentes grupos legislativos de la Cámara alta, a fin de que sea aprobado en el próximo periodo de sesiones.

En un comunicado, indicó que el dictamen cuenta con el consenso necesario para ser aprobado antes del 30 de abril y con ello tener un instrumento para revertir algunos efectos de la crisis económica, ya que dicha ayuda alimentaria reactivaría el sector restaurantero.
Sobre el costo fiscal que significaría para la Secretaría de Hacienda, Moreno Uriegas expuso que será menor en comparación al beneficio social que se logrará a partir de que entre en vigor una política Estado en materia alimentaria.

En una primera etapa dicha norma estará marcada principalmente por la incorporación de las empresas a los programas alimentarios, mientras que en las fases siguientes se pueden agregar las medianas, pequeñas y micro empresas.

Ante las presiones de organizaciones de derechos humanos y feministas, la Secretaría de Salud rectificó y modificó la Norma Oficial  Mexicana (NOM) 046 con el que se hace obligatorio el servicio a las mujeres víctima de violación tengan acceso a la anticoncepción de emergencia y practicarse un aborto.

Además, elaborará una lista con los médicos objetores de conciencia a fin de determinar dónde se puede prestar el servicio.

Se prevé que en las próximas semanas se publique en el Diario Oficial de la Federación.

Así se terminó con una discusión de meses ya que en julio de 2008, se modificó la NOM 046 "Violencia Familia, Sexual y contra las Mujeres" a fin de que se garantizaran dichos servicios a las mujeres víctimas de violencia. Sin embargo, y sin previo aviso, el 28 de enero se cambió la redacción, en especial la palabra "deberán" por "podrán" con lo que muchos médicos podrían argumentar que no estaba capacitados.

Esta mañana y luego de tres horas de discusión del Comité de Normalización de la dependencia federal, Mauricio Hernández, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, detalló que se cambiaron los puntos que habían creado controversia.

"Las organizaciones tenían razón", expresó.

Aseguró que no existió "línea" de las organizaciones de derecha para los cambios a la NOM el 28 de enero.

De las sanciones a la no aplicación de la Norma, Patricia Uribe directora general del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, sólo menciona que serán amonestaciones administrativas.

Adelantó que se pondrá en marcha un plan de sensibilización a la comunidad médica y a la población, en especial a las mujeres para que conozcan sus derechos.

El gobierno italiano intenta evitar con un decreto urgente la muerte de Eluana Englaro, la mujer en coma desde hace 17 años, cuya familia obtuvo por vía judicial el derecho de morir.

El decreto debe ser sometido el viernes a la aprobación del Consejo de Ministros, pero su aprobación suscita controversia dentro y fuera del gobierno conservador debido a que suspende una decisión adoptada por las máximas autoridades judiciales tras 10 años de batalla legal.

El decreto debería impedir que se le retire la alimentación artificial que mantiene con vida a Englaro, de 37 años, en coma vegetativo desde 1992.

La posibilidad de actuar a través de un decreto fue anunciada por el mismo jefe del gobierno conservador, Silvio Berlusconi, quien aseguró la víspera que el gobierno “se está preparando para intervenir”.

El único artículo del decreto preve que “la alimentación y la hidratación no pueden ser suspendidas cuando la propia vida depende de ellas y tienen como objetivo psicológico de aliviar los sufrimientos de personas que no tienen la capacidad de decidir por sí misma”, según adelantaron los medios italianos.

Los abogados de la familia Englaro estiman que el decreto es anticonstitucional. “¿El gobierno quiere imponer una sonda alimentaria a todos? Es un gesto de una violencia inaudita”, declaró la abogada Franca Alessio que representa los intereses de Eluana.

Contra la aprobación del decreto se han pronunciado varios exponentes políticos de la oposición de izquierda, entre ellos el líder Partido Democrático, Walter Veltroni, quien pide que el mundo político no intervenga en el caso específico y opte por “el silencio”.

El presidente de la Cámara de Representantes, Gianfranco Fini, líder de Alianza Nacional, principal aliado de Berlusconi, también manifestó dudas sobre la medida.

sobre la sentencia en donde se equiparán los derechos de las parejas homosexuales a la de los heterosexuales, en materia penal, civil, laboral de seguridad social etc. Colombia a partir de una serie de jurisprudencias ha venido otorgando derechos a las parejas del mismo sexo haciendo una buena interpretación del derecho a la igualdad y equiparando los derechos de estos cuando cumplen con los requisitos de las uniones de hecho, ya que todavía no esta permitido el matrimonio entre parejas homosexuales.

Nota Completa en: iureamicorum