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El Senado de la República aprobó reformas para perseguir de oficio el delito de venta de objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por la ley.   

El órgano legislativo señaló que México registra índices muy altos del delito de "piratería" a pesar de la lucha frontal para combatirlo a través del decomiso constante de grandes cantidades de mercancía apócrifa.  

"La acción del delincuente entraña una violación más grave de derechos de autor, de la propiedad intelectual de la obra, de la seguridad jurídica del autor con relación a ésta y del progreso cultural y económico de la nación", subrayó.   

Esta situación basta por sí sola para justificar la acción persecutora de oficio del Estado, indicó la Cámara alta en el dictamen aprobado, que reforma los artículos 429 del Código Penal Federal y 223 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial.   
Indicó que el ilícito debe perseguirse de oficio pues implica la consumación de conductas que no sólo perjudican a los titulares de los derechos que violentan, sino que por su gravedad y constante evolución afectan los intereses de la sociedad y del Estado.   

Además perjudica a los creadores de obras y productos intelectuales, a los artistas, músicos, editores de música, distribuidores y vendedores legalmente establecidos, así como a empresas que invierten en el desarrollo de marcas, advirtió.    

Las reformas a la Ley de la Propiedad Industrial y al Código Penal Federal fueron envidas a la Cámara de Diputados.

El principal punto que definirán los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al revisar el caso de las posibles violaciones a los derechos humanos a pobladores de San Salvador Atenco, Estado de México, serán los límites de la fuerza pública. En el proyecto de sentencia que discutirán los integrantes del alto tribunal a partir del 9 de febrero, elaborado por José de Jesús Gudiño Pelayo, se encuentran los testimonios del gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, y del entonces secretario de Seguridad Pública federal, Eduardo Medina Mora. Las pruebas fueron recabadas desde febrero de 2007 por los magistrados de circuito Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alejandro Sergio González Bernabé, integrantes de la Comisión Investigadora, quienes presentaron a Gudiño Pelayo el informe que revela que de 207 personas detenidas sólo nueve resultaron ilesas. En la propuesta de sentencia se tomaron en cuenta los expedientes iniciados con motivo de las supuestas amenazas a 47 manifestantes, así como la denuncia de 31 mujeres por presunto abuso sexual por parte de policías los días 3 y 4 de mayo de 2006, durante los hechos violentos en esa comunidad. Por ahora los ministros se avocarán a la lectura del proyecto que se integró a partir del informe que expuso que los elementos policiacos transportaban a los detenidos en camionetas tipo pick up al tiempo que eran golpeados con toletes, puños y a puntapiés.

Este video expresa muy claro las consecuencias mas posibles, cada vez que se extienden la duracion de los derechos de explotacion tras la muerte del autor. Es claro que los mas beneficiados son los grandes concentradores de derechos (Sociedades de Gestion, Disqueras, Editoriales, Etc.) y que trae grandes consecuencias para la libre competencias, la creatividad y la cultura en general.

Lastima que este en ingles, aunque aun asi es bastante claro en lo que intenta decir