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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la autoridad electoral no podrá convertirse en órgano verificador del cumplimiento de las promesas de campaña que realicen candidatos y partidos políticos.

Genaro David Góngora Pimentel, ministro de la SCJN, dijo:

“me parece que se vuelve muy delicado, pues no debe
olvidarse que lo que se está analizando, ya no son actos de campaña,
son actos de gobierno, con lo que el Instituto Electoral se convertiría
en revisión de la actuación de autoridades. ¿A quién corresponde
sancionar a un servidor público que no cumplió con sus compromisos de
campaña?, ¿A las autoridades electorales?, ¡No!, le corresponde al
elector, así funcionan las democracias”.

Al resolver tres acciones de inconstitucionalidad promovidas por
diversos partidos políticos en contra de reformas a la Constitución del
estado de Coahuila, nueve de los 11 ministros declararon
inconstitucional la fracción tercera del artículo 27 de la Constitución
estatal que facultaba al Instituto Electoral para verificar, una vez
pasadas las elecciones, que los partidos políticos cumplan sus promesas
de campaña.

Mariano Azuela Güitrón, ministro de la SCJN, manifestó:

“Un partido político que simple y sencillamente está
haciendo campañas en las que ofrece algo irrealizable y que eso se va
corroborando a través del tiempo, se va desprestigiando, pero no
necesita un verificador oficial, que fuera de lo que es propiamente su
función esté haciendo una verificación”.

Durante la presente Legislatura en la Cámara de Diputados se han aprobado y publicado en el Diario Oficial de la Federación 11 decretos de reformas constitucionales que impactan el contenido de 47 artículos de la Carta Magna, informó el legislador Raymundo Cárdenas.  

En entrevista, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en San Lázaro dio a conocer que de 2006 a la fecha fueron dictaminadas 82 iniciativas en sentido positivo y 40 en negativo, y se avalaron 10 minutas enviadas por el Senado de la República y cinco más están pendientes.  

El legislador precisó que desde 1917 y hasta el 30 de abril de este año se han aprobado 185 decretos de reforma constitucional, que impactan casi la totalidad de los artículos contenidos en la Carta Magna.  

Reconoció que la Constitución está muy "parchada", ya que a lo largo de la historia se le han hecho múltiples modificaciones, por lo que es necesario, dijo, una nueva.  

Los decretos que ya son texto vigente y por tanto forman parte de la Constitución son: las reformas al artículo sexto en materia de Acceso a la Información y Transparencia, así como al Sistema Electoral y de Partidos Políticos.  

Asimismo se hicieron cambios en materia de Gasto Público y Rendición de Cuentas, la Presentación del Informe Presidencial y para permitir que el presidente de la República se ausente de territorio nacional hasta por siete días sin autorización del Congreso.  

Las reformas al artículo 116 que modifica el requisito de edad para ser gobernador de un estado con una edad mínima de 30 años, al 4 y 73 en materia de acceso a la Cultura y Protección de Derecho de Autor.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó hoy la alerta por el brote de influenza porcina al nivel cinco, lo que implica declarar la emergencia sanitaria en los países miembros del organismo que se hayan visto afectados.

La guía de Alerta y Respuesta a una Influenza Pandémica de la OMS indica que a partir de la fase cinco se aconseja limitar los viajes a las zonas afectadas y establecer medios de vigilancia como cámaras infrarrojas que indican la temperatura del cuerpo en los puntos de entrada y salida de los países.

El cierre de las fronteras será evaluado en el caso particular de cada Estado afectado, de acuerdo con la evolución del brote y las condiciones particulares del país.

Será responsabilidad de los gobiernos de cada nación cuidar de la salud de sus ciudadanos, por lo que cada Estado será libre de determinar las medidas que considere pertinentes para evitar la propagación del virus.

La fase cinco indica que la pandemia es inminente y es una decisión que se toma cuando se comprueba la propagación del virus de persona a persona en al menos dos países de una región de la OMS.

La fase seis de alerta se declara cuando se comprueba la propagación del virus de persona a persona en al menos dos países de una región de la OMS, con la aparición de brotes comunitarios en al menos un tercer país de una región distinta.

Es en esta última fase (seis) cuando se declara una pandemia mundial.

El siguiente fue el decreto que expidio el gobierno federal para tratar de controlar el brote de inlfuenza porcina que ataca a nuestro pais, detaca la suspensión de garantías ordenada en todo lo que sea necesario para controlar la epidemia, incluido la libertad de transito y la inviolabilidad del domicilio. Estas medidas si bien podran ordenarse de manera administrativa, una vez cesado el estado de alerta tendran que justificarse legal y en su caso judicialmente las medidas tomadas. En la siguiente transcripción se han resaltado las partes trascendentales del decreto y que establecén la suspensión de garantias en lo que respecta a Inviolaibilidad del Domicilio, Libertad de Transito, Reunión e incluso Libertad de Expresión y de Comunicaciones al tener prioridad y completa discrecionalidad en la intervención de estos medios. Si bien la facultades, como se dijo antes solo seran aplicables durante el estado de excepción y una vez concluido los titulares de derechos que los consideren afectados de forma injustificada podrán hacer valer los medios de defensa que a su derecho correspondan (daño patrimonial, moral, responsabilidad de servidores publicos, Juicio de Amparo, Administrativo de Nulidad Etc.) en donda la autoridad deberá acreditar la estricta necesidad de sus actos.

DECRETO por el que se ordenan diversas acciones en materia de salubridad general, para prevenir, controlar y combatir la existencia y transmisión del virus de influenza estacional epidémica.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

Un juez federal ha dado los primeros pasos para acelerar una decisión sobre si los sospechosos por terrorismo pueden seguir retenidos en la base naval de Guantánamo, bajo una nueva política del gobierno del presidente Barack Obama.

El juez Reggie Walton dio un plazo de 12 días a los abogados de los detenidos a fin de que presenten alegatos con razones que soliciten al juez una aceleración de los procesos para su excarcelación siguiendo la nueva norma, anunciada el mes pasado por el gobierno de Obama. Indicó que los presos en la base naval de Cuba solo pueden continuar detenidos si respaldaban a al Qaida, el Talibán u otras fuerzas relacionadas.

El presidente Barack Obama anunció que cerraría el centro de detención dentro de un año y se decidirá a qué lugar serán trasladados los 240 detenidos. Pero los jueces federales ordenaron unas excarcelaciones en meses recientes.

El Departamento de Justicia de Obama respaldó la posición del presidente George W. Bush de que el presidente tiene la autoridad de retener a los sospechosos y dictó una similar norma legal para hacerlo. Pero el gobierno de Obama indicó que ya no definiría a los detenidos como combatientes enemigos, el término que Bush usó para justificar su detención.

El actual gobierno modificó el argumento diciendo que los prisioneros sólo pueden quedar detenidos si habían dado un ``importante respaldo'' a al Qaida, el Talibán o a ``fuerzas relacionadas''.

Walton criticó al gobierno por no definir en qué consistía el ``importante respaldo'' y agregó su propia interpretación. Indicó que definirá la norma para incluir sólo a las personas que eran miembros de fuerzas armadas de organizaciones enemigas en el momento de su captura.

El portavoz del Departamento de Justicia Dean Boyd se limitó a decir que revisa la decisión, el miércoles por la noche.

Coordinadores parlamentarios en el Senado acordaron no aprobar la reforma de Amparo Fiscal en este periodo ordinario que termina el 30 de abril, pues en su lugar apuestan a una reforma más amplia a la Ley de Amparo.

En conferencia de prensa, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Manlio Fabio Beltrones, también coordinador del PRI, informó que llegaron a un acuerdo para una reforma total a la Ley de Amparo vigente que ya está "rezagada".

Explicó que para ello buscarán tener la opinión del Poder Judicial, así como del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y otros especialistas.

Dijo en conferencia de prensa que optaron por no seguir con una ley "parchada" y en cambio tranformar la Ley de Amparo con el fin de ponernos en sintonía con otras naciones, y hacerla acorde a los nuevos tiempos y necesidades.

De esa forma, la minuta que recientemente envió la Cámara de Diputados será desechada en pos de un cambio de fondo.

El presidente del Senado, Gustavo Madero, coordinador del PAN, confirmó que buscarán un cambio estructural.

Con las reformas aprobadas hoy en el Senado de la República en las que se obliga al Banxico a regular las tasas de interés y comisiones que cobran los bancos, se faculta al organismo a sancionar con multas de hasta un millón de pesos a las entidades financieras que incumplan con lo dispuesto.

De acuerdo con las modificaciones aprobadas, si bien el banco central puede regular las tasas de interés y comisiones, sólo podrá aplicar topes a estos cobros cuando alguna institución aplique un rédito que no responda a las condiciones de mercado o se observe un abuso por parte de la entidad financiera.

Con los cambios legales se faculta al Banco de México a sancionar con multas de cuatro mil a 20 mil días de salario mínimo a las entidades financieras que incumplan sus disposiciones y no observan el cálculo de la Ganancia Anual Total (GAT).

La multa sería de entre 219 mil 200 pesos a un millón 096 mil pesos, con base en un salario mínimo de 54.80 pesos.

Asimismo, los legisladores comprometen al instituto central a propiciar que las instituciones de crédito, Sociedades Financieras de Objeto Limitado y Múltiple reguladas, otorguen préstamos o créditos en condiciones accesibles y razonables.

Para ello, el Banxico deberá tomar en cuenta las condiciones de financiamiento prevalecientes en el mercado nacional, el costo de captación, los costos para el otorgamiento y administración de los créditos, así como, las probabilidades de incumplimiento y pérdidas previsibles, la adecuada capitalización de las instituciones y otros aspectos pertinentes.

Reconoce el Ayuntamiento de Puerto Vallarta que no puede actuar en contra de ocho establecimientos que expenden litros de bebidas alcohólicas para llevar, una vez que cuentan con el amparo de la justicia federal “que impide a la autoridad municipal actuar y proceder a la clausura de los mismos”.

Después de múltiples señalamientos por diversos sectores de la población, incluyendo la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (CANIRAC), a través de su presidente, Alejandro Desentis, en el sentido de que el malecón y algunos puntos de reunión en las playas fueron convertidos en barra libre durante la Semana Santa.

Julio Martín Sandoval García, Oficial Mayor de Padrón y Licencias reconoce que tiene detectados ocho establecimientos que cuentan con permiso de restaurant, pero en la práctica se dedican a la venta de los llamados litros o bebidas para llevar.

Añade que algunos de estos establecimientos, desde finales de 2007, han acumulado más de mil folios y no se les ha renovado su licencia municipal en el presente año, “pero aún así siguen operando porque se encuentran amparados”.

Esta situación no es nueva y se viene arrastrando desde hace algunos años, dijo el funcionario al referirse a los negocios que en la práctica únicamente explotan la venta de bebidas alcohólicas.

La minuta que plantea una Ley de Salarios Máximos "no puede quedarse en la congeladora" de la Cámara de Diputados, consideró el coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado, Carlos Navarrete Ruiz.

Expuso que se requiere construir acuerdos a fin de reducir los elevados ingresos de los altos funcionarios públicos de los Poderes de la Unión y así brindar un mensaje de solidaridad a los mexicanos en la coyuntura de la crisis económica.

"El país y los mexicanos requieren un mensaje de que sus funcionarios públicos, sus legisladores, son solidarios con la situación económica" que priva en el país, abundó el también presidente del Instituto Belisario Domínguez.

En entrevista recordó que en 2007 el Senado de la República aprobó una iniciativa del legislador Pablo Gómez Alvarez, en la que propone la Ley de Salarios Máximos, para que ningún servidor público gane más que el presidente de la República.

No obstante, el proceso legislativo se frenó en la Cámara de Diputados "desde entonces hemos venido exigiendo, una y otra vez, que se apruebe esa minuta" , insistió el senador Navarrete Ruiz.

Dijo que México tiene "enormes desigualdades" en muchos aspectos de la vida económica, política y social. Una de ellas, ejemplificó, se refleja en los altos ingresos de quienes ocupan puestos públicos de primer nivel.

Navarrete Ruiz sostuvo que los cargos públicos no son para enriquecerse; por tanto, urgió a las fuerzas políticas en el Congreso de la Unión a reducir un porcentaje de los salarios de legisladores, secretarios de Estado, gobernadores, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como del titular del Poder Ejecutivo.

"Es un mensaje de solidaridad elemental que le debemos a la gente que está pasando momentos difíciles" a causa de la situación económica que atraviesa el país, finalizó.

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo Ortiz Mayagoitia, dijo que las Fuerzas Armadas del país son garantía y defensa de las instituciones nacionales.  
Al inaugurar en esta entidad el Trigésimo Primer Circuito Judicial, indicó que en el máximo tribunal del país se definieron esta semana criterios sobre las fuerzas públicas en México.  

El ministro inauguró junto con el gobernador Jorge Carlos Hurtado Valdez el circuito judicial, que dará oportunidad a los campechanos a acceder más fácilmente a quienes imparten justicia y será una mejor garantía para la gobernabilidad del estado.  

Ortiz Mayagoitia agregó que una de las funciones más importantes del Estado es la de contar con tribunales que sean expeditos para impartir justicia, en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.  

Dijo que lo anterior es un mandato consagrado en el artículo 17 de la Constitución, cuyo espíritu dé dirección y sentido a las facultades que ejerce el Consejo de la Judicatura Federal, principalmente la que se refiere a la división del territorio de la Federación en circuitos judiciales.  

Mencionó que el nuevo circuito judicial, que iniciará funciones el próximo día 16, se integrará por los dos juzgados de distrito ya existentes y por dos tribunales de nueva creación, un colegiado y un unitario, que tendrán competencia mixta para conocer los asuntos relativos a la justicia federal, dentro de su esfera de facultades.  

Con lo cual, destacó, "Campeche contará con un circuito judicial propio, en el que residirán los tribunales y juzgados federales que darán trámite a los asuntos que procedan del propio estado".  

Abundó que las tesis y jurisprudencias de los tribunales del Trigésimo Primer Circuito se dictarán en y para Campeche, y también se emitirán criterios para el resto del país.